Qué hace un abogado ambiental

El derecho ambiental es de las ramas jurídicas más jóvenes, pero con más proyección dentro de su sector. Ello se debe a la creciente concienciación y preocupación por el medio ambiente, tanto por parte de empresas como de ciudadanos. Por eso nace la figura de abogado ambiental.

Curiosamente, según la propia Red de Profesionales del Derecho Ambiental (RADA), los Colegios de Abogados y Administraciones no muestran el suficiente interés por promover esta especialización en derecho, cuya relevancia crece cada día, por lo que no cuenta con un gran número de abogados especializados en medio ambiente. Precisamente eso fue lo que motivó a una serie de abogados, con intención de especializarse en materia medioambiental y apoyar la defensa del medioambiente, a organizarse para compartir recursos e información.

Otra de sus grandes labores es la de “buscar soluciones a los problemas que hoy día hacen que la sociedad civil se sienta desamparada e indefensa ante el deterioro de nuestro planeta y la pérdida de calidad de vida”. Recientemente, con motivo de la celebración del 50 aniversario del Día de la Tierra, abogados ambientales reclamaron la Ley de Cambio Climático y su defensa legal.

Debido a su relativo corto recorrido, existe una oferta limitada para los abogados que desean centrar su actividad en el campo de la gestión ambiental. Muchas veces, el abogado medioambiental acaba formándose en bufetes o, incluso, debe construir él mismo su propio puesto de trabajo.

Las especializaciones más comunes a día de hoy son las de Derecho Urbanístico y su impacto medioambiental, el derecho aplicado al sector energético, eficiencia energética  o al desarrollo industrial, o el Derecho del Medio Ambiente en la Responsabilidad Civil y Penal.

La legislación española en materia medioambiental, regulada por la Constitución Española, dice expresamente en el artículo 45 que “todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo” y que “los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”.

Y continúa: “Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.”

En otras palabras, se obliga a las empresas a ejercer medidas paliativas en cuestión de materia ambiental, preventivas y de control previo, además de sancionarlas en caso de que éstas realicen acciones dañinas para nuestro entorno que causen un impacto ambiental o realizan acciones contrarias a la protección de espacios naturales. En este sentido, los abogados ambientales pueden ser una pieza clave en las empresas para solicitar información y tramitar la aprobación de proyectos y autorizaciones, asegurar la aplicación del Convenio de Aarhus o para procedimientos penales por daños ambientales, entre otras aplicaciones.

Oportunidades para el ejercicio de la abogacía ambiental

• En la Administración Pública. Específicamente, ocupando el puesto de gestión de asuntos ambientales. Poder ofrecer información acerca de la jurisprudencia ambiental específica será beneficioso para dar mejores servicios públicos y planificar y ejecutar nuevas iniciativas que convivan en armonía con nuestro ecosistema.
• En empresas. Asegurando el correcto cumplimiento de la legislación ambiental y garantizando una defensa, en caso de infracción. Igualmente, también pueden servir como interlocutores con administraciones u otros agentes, o para desarrollar estrategias que impliquen eficiencias económicas.
• En ONGS ambientalistas. Las organizaciones no gubernamentales pueden requerir, en momentos puntuales, de asesoramiento para poder defender causas con un respaldo legal o para que se las defienda ante un tribunal. Un dato a tener en cuenta en este punto es que, a menudo, no disponen de financiación.

• En universidades. Ejerciendo como docentes para que proliferen las materias, y en general el conocimiento, de esta rama.

• En medios de comunicación. Difundiendo información veraz y contrastada en temas de Derecho Ambiental, para seguir concienciando al conjunto de la sociedad.
• En consultorías y auditorías ambientales. Trabajando junto con otros profesionales de distintos sectores, la aportación de un técnico-jurídico puede ser muy valiosa a la hora de asesorar en proyectos con efectos ambientales.
• Como trabajador por cuenta propia. La realidad es que pocos profesionales pueden permitirse el lujo de dedicarse de pleno al ámbito del derecho ambiental debido a la tímida demanda y el coste que supone. Por ello, una solución es compatibilizarlo con otro tipo de casos.