Protegidos por la Ley de Evaluación Ambiental

14 agosto, 2024 |

Publicado por Ecoembes

Las estrictas normativas europeas de protección ambiental evitan que se desarrollen infraestructuras o se vendan productos que puedan atentar contra la salud humana y los ecosistemas naturales. Esta arquitectura normativa de la UE se basa en el “principio de precaución”: en caso de que una acción pudiera causar daños a las personas o al medioambiente (y no exista un consenso científico al respecto), la acción en cuestión se tendrá que abandonar”.

¿Pero cómo conocen las autoridades competentes si un proyecto está bien o mal diseñado, si es perjudicial o, sencillamente, atenta contra los principios de protección humana y ambiental?

Para responder a esta respuesta se han diseño las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), según define la Ley de Evaluación Ambiental 21/2013.

Una vez que una empresa ha presentado su EIA, la administración pública emite una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un documento que recoge la información de la EIA y las alegaciones presentadas, detallando todos los aspectos ambientales que implica el proyecto e indicando posibles modificaciones al mismo para garantizar la protección ambiental.

Ley de Evaluación Ambiental

La EIA es una técnica para controlar de manera preventiva los posibles daños ambientales de planes, programas o proyecto que se quieren poner en marcha. El motivo de realizar una EIA es darle a la administración pública pertinente toda la información de carácter ambiental de un proyecto que se desea poner en marcha, un proceso regulado a través de la Ley de Evaluación Ambiental 21/2013.

Hace unos años, la Ley 9/2018 tocó algunos aspectos de varias normas legislativas, entre ellas la de Evaluación Ambiental de 2013. Por ejemplo, introduce la preferencia por utilizar medios electrónicos para hacer una EIA y obliga a quien presenta la Evaluación a incorporar un análisis de vulnerabilidad frente a accidentes graves o catástrofes inesperadas.

Para facilitar la elaboración de las EIA a las empresas y organizaciones, la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) ha desarrollado el proyecto SABIA, que procura mejorar los procesos de evaluación y facilita a cualquier interesado la consulta de las EIA cuando se encuentra en información pública, englobando en su base de datos los expedientes que se están analizando y su georreferencia.

Por su parte, y dentro de los límites de sus competencias, los gobiernos autonómicos pueden ampliar el ámbito de actuación y análisis de una EIA, siempre y cuando sea compatible con la legislación nacional.

Qué mide la EIA

Una Evaluación de Impacto Ambiental, según marca la Ley 21/2013, analiza los posibles impactos en una gran cantidad de elementos y factores humanos y ambientales:

Población y salud humana

Flora y fauna

Biodiversidad y geodiversidad

Tierra, suelo y subsuelo

Aire y agua

Clima y el cambio climático

Paisaje

Bienes materiales, incluido el patrimonio cultural

Qué trámites incluye una EIA

Según la Ley 21/2013, una Evaluación de Impacto Ambiental tiene 5 trámites:

Elaboración de la EIA y, si corresponde, de un documento de alcance y de vulnerabilidades.

Presentar la EIA a la administración pública correspondiente para su puesta en información pública para recibir alegaciones si las hubiera (durante no menos de 30 días).

Análisis técnico de la EIA por parte de la administración pública para estudiar sus posibles impactos ambientales, proponiendo medidas de corrección si fuera necesario.