Derecho ambiental, una de las especializaciones con mayor proyección
En los últimos años, sobre todo tras la Cumbre del Clima celebrada en París a finales del 2015, se ha ido tomando conciencia sobre la educación ambiental, la política medioambiental y las amenazas que representa el cambio climático para las sociedades humanas y para el planeta; así como sobre sus efectos potencialmente irreversibles que ya se están notando. Después de múltiples llamadas de atención por parte de la propia naturaleza —en forma de sequías prolongadas, huracanes más virulentos e inundaciones más frecuentes, junto con otros episodios climáticos extremos— las potencias internacionales decidieron finalmente hacer algo al respecto y llegaron a convenios como el Protocolo de Kioto (1997) y, en 2015, el Acuerdo de París.
En este contexto, el derecho ambiental ha ido adquiriendo cada vez más relevancia, al tratar de hacer frente a la crisis climática a través de mecanismos jurídicos. Según la ONU, esta disciplina es una de las bases para la sostenibilidad ambiental y la plena realización de sus objetivos es cada vez más urgente debido a las crecientes presiones ambientales (no sólo el calentamiento global sino también la contaminación, la pérdida de biodiversidad, etcétera).
Las violaciones del derecho ambiental suponen obstáculos para lograr todas las dimensiones del desarrollo sostenible y la sostenibilidad ambiental. Y no llama la atención tal puntualización porque, a pesar de la proliferación de leyes ambientales –desde 1972 se han multiplicado por 38—, la realidad es que muchas de ellas no llegan a aplicarse. Las Naciones Unidas, en su informe “Estado de Derecho Ambiental: Primer informe global”, anuncia que uno de los mayores desafíos es mitigar el cambio climático, reducir la contaminación y detener la pérdida generalizada de especies y hábitats.
La responsabilidad ambiental es de sociedad, gobiernos y empresas
Sociedad, gobiernos y empresas están, poco a poco, tomando medidas preventivas con el fin de proteger los espacios naturales y su explotación en beneficio de la sociedad. En Ecoembes hacemos diariamente esfuerzos para conseguir un crecimiento sostenible, a través de la gestión del reciclado de envases y fomentando una cultura de compromiso. Para hacernos una idea de lo que esta actividad supone para nuestro entorno, basta con observar el impacto positivo en cifras: desde que empezamos nuestra actividad en 1998, y hasta 2016, se ha ahorrado 17,4 millones de toneladas de CO2, 33,6 millones de MWh de energía y 428,1 millones de metros cúbicos de agua.
La creciente necesidad de una normativa medioambiental ha hecho del derecho ambiental, hoy en día, una de las especialidades más demandas. España es el país de la UE que más incumple la legislación ambiental. De hecho, según el periódico “Público”, nuestro país se sitúa a la cabeza de expedientes abiertos por infracciones en relación al medio ambiente (30 en total) y triplica la media europea. Le siguen Grecia con 27 y Polonia e Italia con 18. Por eso, es toda una oportunidad para los estudiantes de derecho que deseen velar por los espacios naturales y su explotación, ejercer el derecho ambiental, lo que redundaría en un beneficio para la sociedad. Además, es una oportunidad para afrontar la integración al mercado laboral de manera más sencilla, al tener relativamente poca competencia.
El derecho ambiental se caracteriza por ser multidisciplinar: es preventivo, pues su prioridad es anticiparse a los desastres ambientales antes que tener que sancionar el incumplimiento de las normas; es colectivo, en tanto que hay una distribución equitativa del costo de los daños; y es transitorio, ya que han de confluir normas pasadas y actuales.
Así, ante la creciente amenaza del llamado “efecto invernadero” y dado el agotamiento de los recursos naturales, es cada vez más indispensable la solidaridad colectiva, como apunta el artículo 45.2 de la Constitución Española, y la cooperación internacional con acuerdos ambientales.
Desafortunadamente, hasta ahora sólo 20 de 70 países examinados —es decir, un 28%— están clasificados como “buenos” o “muy buenos” en lo que respecta a la elaboración de un informe periódico, completo y actualizado sobre el estado del medio ambiente, conforme al Índice de Democracia Ambiental.
